Weildler
Guerra Curvelo
Ha causado revuelo y
opiniones apresuradas en algunos sectores del país el reciente fallo de la
Corte Constitucional colombiana que definió un problema de linderos entre una
base militar y el resguardo Barrancón del Pueblo Jiw situado en el departamento
del Guaviare. Mediante el Auto 173 de 2012 se ordenó al Ministerio de Defensa
devolver seis hectáreas de territorio indígena ocupadas sin realizar la
necesaria consulta previa por la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de
Marina. En ningún momento la Corte dictaminó el desalojo del resto de las 250
hectáreas ocupadas por los miembros de las Fuerzas Armadas que no son propiedad
colectiva de los indígenas. Su pronunciamiento se refirió específicamente a
este resguardo y no a otros territorios indígenas en Colombia.
A pesar de lo previsible del
fallo lo que sorprende es la reacción irreflexiva de algunos medios de comunicación
y altos funcionarios ante este dictamen lo que evidencia el desconocimiento de
los componentes más elementales del fuero indígena colombiano. Los resguardos
tienen la condición de inalienables y en consecuencia las seis hectáreas irregularmente
ocupadas no pueden ni cederse ni venderse a las Fuerzas Armadas como lo propuso
una ilustre figura nacional. Pero ¿qué hay detrás de toda estas posturas
hostiles a la aplicación de los derechos indígenas cada vez más frecuentes en
los medios como entre los altos dignatarios del país?
Durante los dos siglos
anteriores las elites criollas latinoamericanas pretendieron la asimilación e
integración de los pueblos indígenas dentro de un estado nacional culturalmente
homogéneo. En esta concepción un grupo nacional dominante consideraba el Estado
como su propiedad exclusiva y lo utilizaba para promover su cultura, su literatura, sus mitos, su
identidad, su historia y su lengua como expresión única de la nacionalidad. Con
la adopción de los principios del multiculturalismo liberal reflejados en la
constitución de 1991 los miembros de otras agrupaciones humanas como los
indígenas fueron considerados sujetos diferentes y diversos, dotados de
singularidad propia, cuyos intereses eran dignos de tutela constitucional y
amparables bajo la forma de derechos fundamentales. El reconocimiento de esa
diversidad se entendió como la aceptación de formas distintas de vida social
que implicaban sistemas de comprensión del mundo diferentes a los de la cultura
occidental. A la vez ello no debería quedar limitado a un mero reconocimiento
simbólico sino que debe ir acompañado de una redistribución material de poder y
de recursos.
Todo ello parece estar
retrocediendo en nuestro país en donde imperan nuevas formas de nacionalismo
banal, oficial y mediático que no aceptan la existencia de otras formas de
colombianidad. Durante los recientes sucesos del Cauca algunos medios
nacionales presentaron los términos “indígena” y “colombiano” como si fuesen
perfectos antónimos. Algunos protagonistas de nuestra vida pública con poder
decisorio no ocultan su aversión al reconocimiento de todas las formas de
autogobierno consagradas en la carta.
En su libro Odiseas multiculturales Will Kymlicka cree que la ventana del multiculturalismo en algunas regiones del
mundo ha empezado a cerrarse cuando
apenas comenzaba a abrirse. Lo grave de la situación, cree el pensador
canadiense, es que hemos quedado ante un proceso imperfecto e inestable
sometido a una gran presión desde diferentes sectores económicos y políticos que
buscan la eliminación de estas importantes conquistas o su retroceso. De ser
así las nuevas generaciones perderán la posibilidad de vivir en un futuro
pluriverso y se verán reducidos a un estancado, discriminatorio y
empobrecedor universo.
wilderguerra@gmail.com
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