Weildler Guerra Curvelo
Lo ocurrido en los últimos días con el ex personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, comenzó como un vergonzoso sainete pero puede ser una valiosa lección acerca de como funcionan en la teoría y en la practica los modelos multiculturalistas de estado y de ciudadanía.
Un juez penal condenó a dicho personaje a 8 años de cárcel por haber recibido $200 millones de David Murcia, cerebro de una captadora ilegal. Rojas Birry, alegando su origen étnico, se refugió en su casa en Bogotá, donde la guardia indígena impidió su captura con el argumento de que su caso correspondía a la justicia especial indígena y no a la justicia ordinaria. El drama concluyó cuando Rojas Birry fue puesto tras las rejas en una penitenciaria común una vez que el Consejo Superior de la Judicatura consideró que su caso era competencia de la justicia ordinaria dado que el delito por el que fue juzgado ocurrió por fuera de su territorio ancestral y mientras desempeñaba un cargo público en la capital del país.
Este suceso afectó la credibilidad de algunas organizaciones indígenas que apoyaron la posición acomodaticia de Rojas y generó la indignación de numerosos ciudadanos. Pronto la ira contra el exconstituyente se hizo injustamente extensiva a los miembros de los pueblos indígenas y se pusieron bajo examen los derechos colectivos de estos consagrados en la Carta. Basta leer lo que se escribe en esos albañales de la opinión de los diarios en donde se supone que los lectores pueden comentar las columnas y las noticias. Uno de esos insensatos escribió: “Estas etnias indígenas deben desaparecer. No aportan nada al mundo actual: viven de subvenciones de los gobiernos, entorpecen el desarrollo, y lo peor es que se siguen reproduciendo, aumentando el número de ejemplares parásitos”. .
Este es el caldo de cultivo en donde se incuban nociones de nacionalismo banal y se acrecientan las identidades predatorias. El antropólogo Arjun Appadurai considera en El rechazo de las minorías (2007) que las identidades predatorias son aquellas que se fundamentan en las reivindicaciones de una mayoría demográfica que se considera amenazada y trata de apropiarse de manera exclusiva y exhaustiva de la identidad de la nación. Ellas combinan la sensación de mayoría numérica con la fantasía de pureza y totalidad, por tanto, requieren la extinción de otras colectividades humanas para garantizar su supervivencia.
La idea de un estado colombiano culturalmente homogéneo ha estimulado en el pasado las políticas de asimilación o eliminación de agrupaciones humanas cuya organización política, lengua y sistema normativos son diferentes a las del grupo nacional dominante. Quienes no se sometieron a este proyecto de estado monocultural fueron objeto de discriminaciones de carácter económico y de represalias de diversos tipos que incluyeron el despojo de vastas áreas de sus territorios. La adopción del actual marco normativo que ampara los derechos de los pueblos amerindios y comunidades afrodescendientes se dio cuando diversos estados latinoamericanos viraron hacia un constitucionalismo multicultural que buscaba aumentar la participación democrática de los grupos sociales históricamente excluidos, reducir el riesgo de gobiernos dictatoriales y otorgar legitimidad a los estados.
No debemos confundir unidad con uniformidad. No somos un sancocho en el cual deben diluirse y fundirse las diversas culturas del país pero quizás debemos aproximarnos a la idea de una ensalada cuyos componentes conforman de manera armónica y complementaria el mismo plato preservando cada uno su color, sus nutrientes y su sabor particular.
wilderguerra@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario