Weildler Guerra Curvelo
Algunos medios de comunicación del país parecen haber
descubierto un prometedor filón de noticias morbosas estableciendo una
asociación elemental entre abuso infantil y pertenencia étnica. Dentro de este
singular estado de exacerbación mediática el abuso sexual infantil parecería
constituir una especie de enfermedad contagiosa que se incuba de manera impune
y natural en las minorías y que podría transmitirse hacia las mayorías
nacionales si no se toman drásticas medidas para evitarlo.
El
tema del abuso infantil merece abordarse desde una perspectiva
interdisciplinaria reflexiva e integral pues hay muchas falacias preconcebidas
y los hechos observados por organizaciones como Save the Children en distintas sociedades van en otra dirección. El
abuso sexual de menores cae dentro del campo más amplio del maltrato infantil
que a su vez viene determinado por la interacción de múltiples factores. No hay
evidencias estadísticas de que hoy en día haya más abusos sexuales infantiles
que en el pasado pero es notorio que los medios de detección de estos a nivel
profesional e institucional han aumentado, la sociedad es ahora menos tolerante
con los abusos y trata el tema de manera más abierta.
Las
relaciones incestuosas no solo ocurren en familias desestructuradas con un bajo
nivel educativo sino que se dan en todos los estratos sociales. Se estima que
al menos un veinte por ciento de las personas han sufrido abusos sexuales en su
infancia aunque sólo se conoce entre el
10 y el 20 por ciento de los casos reales. A esto se le llama el vértice de la
pirámide del maltrato. Usualmente el agresor es una personas cercana y conocida
por el niño tales como miembros de su familia, vecinos o amigos de los padres.
¿Existen
abusos sexuales en el seno de comunidades indígenas como la wayuu? Si existen,
al igual que entre la población no indígena. Es falso que “la cultura impide su
castigo”. Los indígenas comparten con otras agrupaciones humanas la
consideración de que el abuso sexual contra niños o contra adultos es
psicológicamente dañino, socialmente censurable y legalmente perseguible. Se
suelen cobrar severas compensaciones por esta conducta que, cuando incluye
acceso carnal violento (ataüjaana),
es aun más grave pues comprende tanto una afrenta moral como una agresión
física. Es necesario investigar si factores como la gradual desaparición del
rito del encierro que permitía formar a las niñas indígenas en mujeres han aumentado
su desprotección.
Antes
que concentrar nuestras energías en prejuicios banales debemos exigir de
entidades como el ICBF acciones efectivas de prevención y entendimiento del
fenómeno en todos los grupos sociales partiendo de la investigación social. Requerimos
estadísticas confiables que nos permitan
trabajar sobre los factores de riesgo como el uso de alcohol y drogas, el
desempleo, la pobreza o la legitimación social del castigo físico en el núcleo
familiar. Igualmente es necesario fortalecer los factores de protección entre
ellos: promover la valoración de los derechos del niño como persona, disponer de
una red de apoyo psicosocial, robustecer tanto la seguridad económica como la armonía y apoyo de la pareja en la
crianza.
Lamentablemente
el abuso sexual infantil como el homicidio se da en casi todas las agrupaciones
humanas. Si empleamos siempre la retícula étnica para observar los actos que
consideramos censurables y exclusivos de los otros obtendremos certezas
despiadadas sobre ellos y les percibiremos como colectividades pérfidas dotadas
de una identidad anómala-. Estigmatizarlas es situarlas por
fuera del círculo de la humanidad y condenarlas a la muerte social.
wilderguerra @gmail.com
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